El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, señaló en la fecha que las nuevas medidas establecidas en el proyecto de Ley de Consolidación Económica y Contención Social pretenden seguir atendiendo a diferentes sectores como los de mipymes, gastronómico, eventos, turismo, hoteles, servicios, entre otros.
Precisó que el referido proyecto engloba US$ 365 millones. Detalló que US$ 250 millones corresponden a un aporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), US$ 90 millones provienen de una reasignación del Presupuesto General de la Nación (PGN) y US$ 25 millones de deuda, que se destinarán al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy).
Entre las nuevas medidas, citó US$ 45 millones adicionales para el Instituto de Previsión Social (IPS), de tal manera que los trabajadores suspendidos puedan continuar recibiendo el subsidio. También US$ 25 millones más para el Fogapy, a fin de que el fondo pueda seguir otorgando garantías a créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas y todos los sectores que requieran.
De igual forma, resaltó el subsidio del 50% de los servicios básicos dirigido a los sectores de gastronomía, eventos, turismo, hoteles y servicios. Añadió que esto demandará un presupuesto de alrededor de US$ 8 millones. Asimismo, se establece un nuevo subsidio dirigido a aquellos trabajadores que operan en los sectores mencionados, pero que no son cotizantes del IPS.
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Por otra parte, el viceministro mencionó que están previstos US$ 3 millones para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que se podría traducir en kits de alimentos o potenciales subsidios para pequeños sectores focalizados.
Además, dijo que se prevé la creación de fideicomiso de US$ 20 millones para el otorgamiento directo de créditos a mipymes y será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), teniendo en cuenta que muchas de ellas no tienen acceso al crédito por parte de la banca pública y de la privada.
Por último, el subsecretario manifestó que esto tiene un fuerte componente de contención del gasto público, con la prohibición de llamados de adjudicación para provisión de servicio de catering, prohibición de adquisición de vehículos, suspensión de todo tipo de aumentos salariales, así como del programa de desprecarización salarial y retiro voluntario, entre otros.
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